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Viernes 24 de noviembre de 2017

Provincias: Con la nueva ley, proveedoras del Estado deberán tener programas anticorrupción

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
13 de noviembre de 2017

Es una de las exigencias introducidas. En Córdoba, una consultora ejecuta programas para prevenir, detectar y combatir casos de corrupción empresarial.

Con 144 votos a favor y 6 en contra, el oficialismo aprobó esta semana la Ley de Respon­sabilidad Penal Empresaria. El nuevo marco legal intentará dar herramientas para sancionar casos de corrupción y fraude de personas jurídicas en perjuicio de la administración pública.

Para las empresas, la ley supone un gran desafío y la obligación de encarar modi­ficaciones que, en muchos casos, pueden ser estructura­les y comprometen a toda la compañía. En la mira estarán, principalmente, las firmas con­tratistas, licenciatarias de ser­vicios y proveedoras del Estado (la obra pública será un sector sumamente sensible).

En ese contexto, desembar­có recientemente en Córdoba la consultora Transparencia Latam, una firma especiali­zada en integridad corpora­tiva, con profesionales espe­cializados en prevención de la corrupción, gobierno cor­porativo y experiencia en el desarrollo de programas de integridad y transparencia, que permiten a las empresas prevenir, detectar y remediar actos de corrupción, así como el fraude externo e interno.

El nuevo escenario. Sobre el al­cance e impacto de la nueva ley, Paula Cortijo, socia directora de Transparencia Latam, señaló: “El primer cambio es la muestra de una línea política de empezar a caminar en un rumbo hacia la transparencia. Además, este marco es una manera de ingre­sar a la OCDE, lo que ayudará a atraer inversores. Asimismo, es un cambio y un desafío para las empresas, porque la manera de lograr negocios sostenibles en el tiempo dependerá de tener estos programas de compliance o integridad. Con la nueva ley, si una persona comete actos de corrupción, además de recibir penas personales, la empresa recibe sanciones o se le puede suspender la personería jurídi­ca”.

Así, el cambio más profun­do que genera la ley es que, a partir de ahora, las personas jurídicas van a responder por cualquier acto de corrupción ejercido por cualquier emplea­do de la organización y tam­bién por terceros de su cadena de valor que los representen o actúen en su nombre.

Contratistas obligados. La ley no establece la obligatoriedad para todas las empresas de con­tar con programas de integri­dad, excepto en determinadas situaciones: el artículo 24 deta­lla que la exigencia de un pro­grama de integridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23 será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando los contratos deban ser firmados por autori­dad competente con rango no menor a un ministro. “Con esto quedarían comprendidas todas las licitaciones importantes, to­da la obra pública, por ejemplo. También incluye a los contratos de concesión o licencia de ser­vicios públicos. En esos casos no es voluntario tener progra­mas de integridad, si no se tie­nen, no se pueden presentar a licitaciones”, señala Cortijo.

Reducción de penas. Contar con un programa de integridad bien ejecutado para detectar y denunciar casos de corrupción en la propia empresa es una de las válvulas de escape para negocios reduccionistas en las sanciones e incluso eximicio­nes. En el marco de la nueva ley, la reducción de la pena también puede alcanzarse si la autoridad judicial comprue­ba que la empresa denunció a tiempo un ilícito cometido por sus propios empleados o ejecu­tivos. Si bien no se incluyó la figura de delación premiada, si se introdujo el concepto de “Acuerdo de Colaboración Efi­caz”: “Es una especie de Ley del arrepentido de personas jurídi­cas´, donde se da la posibilidad de, habiendo detectado y de­nunciado un ilícito, lograr una disminución de penas e incluso la eximición”, explicaron desde Transparencia Latam.

Primer contrato local. “La detección de la corrupción está en la agenda de di­rectores y gerentes de empresas. En Buenos Aires se está moviendo mucho y se está empezando a mover acá. En Córdoba tuvimos muchas consultas y ya cerramos un acuerdo con una compañía grande del sector bancario”, adelantó Cortijo.

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